La privación de libertad se hace por lo tanto, de forma cautelar y como medida para facilitar la expulsión de estas personas.
Nuestro sistema de internamiento de extranjeros sigue siendo un sistema muy carcelario, con centros cerrados, custodiados por la Policía Nacional y no por funcionarios civiles. Casi tres años después de la entrada en vigor del reglamento que regula el funcionamiento de los mismos el Ministerio del Interior no ha procedido a implementarlo.
Red Acoge lleva reclamando el cierre de los centros desde hace años puesto que se entiendo que el principio general es que debe prevalecer el derecho a la libertad frente a la comisión de una mera sanción administrativa.
Puedes leer aquí el informe que Karibu realizó sobre este mismo CIE.
Ningún ser humano es ilegal